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Recientemente, el Gobierno ha anunciado la ampliación de la Educación Infantil gratuita de 0 a 3 años en numerosos centros públicos. Para ello, va a destinar una gran cantidad de recursos para ampliar la oferta exclusivamente en la red pública.

 En algunas Comunidades Autónomas, como en Madrid o Castilla-La Mancha ya han anunciado el número de puestos concretos que se van a financiar con estos fondos.

Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), comprometidos en la defensa de la educación concertada, privada y de la atención a la discapacidad, consideramos que ampliar la Educación Infantil gratuita de los 0 a 3 años es una noticia positiva; de hecho, se trata de una reivindicación que llevamos tiempo exigiendo, conocedores de la importancia que tiene en los alumnos este primer nivel formativo, donde el trato con los educadores es esencial.

Sin embargo, solicitamos a las administraciones pertinentes que tengan en cuenta otras opciones formativas, más allá de la pública. Destinar todos los recursos a los centros públicos significa excluir y perjudicar a los centros concertados, sostenidos también con fondos públicos, y privados que, ante la pandemia, la insuficiente financiación y la baja natalidad, necesitan apoyo para su viabilidad y solvencia.

“Centrar toda ayuda exclusivamente en los centros públicos pone en peligro nuestros puestos de trabajo. Es una medida injusta por cuanto perjudica a un porcentaje notable de los profesionales de la educación y de familias”, indica Jesús Pueyo, secretario general de FSIE.

Desde FSIE exigimos el mismo trato para la educación pública que para la concertada privada, sabedorores de que un sistema educativo realmente inclusivo no pude excluir a una parte importante de la sociedad por elegir otra opción distinta a la pública.

Para difundir esta reivindicación ante la reciente medida, hemos elaborado una campaña de apoyo a los centros privados de Educación Infantil.